El juicio de los hombres: cómo se negoció la verdad del 23F en un tribunal militar

Diez de febrero de mil novecientos ochenta y dos. Once meses y diecisiete días después de que Antonio Tejero irrumpiera en el Congreso de los Diputados.

En el acuartelamiento de Campamento, en las afueras de Madrid, un tribunal militar se prepara para juzgar a treinta y tres personas por el intento de golpe de Estado más importante de la historia reciente de España. La Causa dos barra ochenta y uno. El juicio del veintitrés F.

Entre los documentos desclasificados en febrero de dos mil veintiséis hay algo que nunca se había visto: las notas informativas del Centro Coordinador, el equipo de inteligencia que el CESID desplegó para vigilar el juicio desde dentro. Notas que se enviaban al director del servicio secreto al final de cada jornada.

Lo que revelan esas notas me dejó paralizado cuando las leí. El juicio no fue lo que pareció. La sala del Consejo Supremo de Justicia Militar se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada prueba denegada, cada protesta registrada "a efectos de casación", cada aplauso contenido de las comisiones militares, formaba parte de una negociación mucho más grande.

Alguien dejó un panfleto en los baños de la sala durante el juicio. Decía: "Se ha cambiado el solemne juicio de la Historia por el pequeño juicio de los hombres."

La pregunta que nos hacemos hoy no es si los acusados eran culpables. Eso, más o menos, lo sabemos. La pregunta es otra: ¿se juzgó al veintitrés F o se negoció su versión oficial?

Para entender lo que pasó en ese juicio necesitas visualizar la sala. El Consejo Supremo de Justicia Militar se instaló en el Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento. Una sala adaptada para la ocasión. En un lado, los treinta y tres procesados. En el centro, el tribunal presidido por el General Gómez de Salazar. Al fondo, los periodistas.

Y a los lados, las llamadas "comisiones militares": delegaciones de oficiales enviados por las distintas regiones militares para presenciar el juicio. Suena inocuo. No lo era.

Uno de los documentos desclasificados es una nota informativa fechada el diez de marzo de mil novecientos ochenta y dos, un mes después de iniciarse la vista oral. Está marcada con las iniciales ARAP, el identificador del Centro Coordinador de inteligencia.

Y dice algo que me heló la sangre: "A la vista de las informaciones que llegan, preocupa el comportamiento de los miembros de las diferentes comisiones militares. El que algunas estén formadas por las mismas personas desde que se inició el proceso, es un peligro porque el trato continuo con los inculpados y sus familiares fomenta unos lazos de simpatía difíciles de superar."

Lazos de simpatía difíciles de superar. El servicio de inteligencia estaba diciendo, en lenguaje diplomático, que las comisiones militares se habían convertido en una claque a favor de los acusados.

Pero espera. Se pone mejor. La nota continúa: "De la tercera Región Militar, posiblemente la más sensibilizada por estos sucesos, han vuelto a repetir los que vinieron la primera semana, con lo que, dado que la asistencia es voluntaria, se pone de manifiesto una inclinación hacia los procesados que está lejos de la objetividad deseada."

La tercera Región Militar. Valencia. La misma que mandaba Milans del Bosch cuando sacó los tanques a la calle la noche del veintitrés F. Y resulta que los oficiales que enviaban como observadores al juicio eran voluntarios. Los mismos voluntarios, semana tras semana. Los mismos que ya habían demostrado una simpatía evidente hacia los golpistas.

El CESID recomendó que se rotaran las comisiones, que los militares representantes más caracterizados fueran responsabilizados del comportamiento de su respectiva delegación. ¿Se hizo? Los documentos no lo dicen con certeza. Pero las notas informativas posteriores siguen reportando aplausos, abucheos e increpaciones a los periodistas por parte de miembros uniformados del público.

Y aquí es donde la cosa se complica de verdad. Porque si las comisiones militares convertían la sala en territorio hostil para la acusación, el propio tribunal la convertía en territorio hostil para la defensa. Solo que de una manera mucho más sutil.

Entre los documentos desclasificados hay algo fascinante: las notas informativas números siete, ocho y diez del Centro Coordinador. Son resúmenes detallados de lo que ocurría cada día en la sala. Y cuando las lees una detrás de otra, emerge un patrón que me inquietó profundamente.

El Presidente del Tribunal denegaba pruebas de la defensa de forma sistemática.

Voy a darte ejemplos concretos, todos sacados directamente de las notas del Centro Coordinador.

Primer ejemplo. El letrado Quintana, defensor del General Torres Rojas, solicita que se lea un balance de actividades terroristas del año ochenta publicado por el diario El Alcázar, un documento que ya había sido admitido como prueba en el sumario. El Presidente lo deniega. Su argumento: que al haber sido publicado en prensa, es de conocimiento público.

Piénsalo un momento. Un documento que forma parte del sumario, que ya fue aceptado como prueba, no puede leerse en la vista oral porque es "de conocimiento público". Si eso fuera criterio válido, la mitad de las pruebas de cualquier juicio mediático deberían suprimirse.

El señor Quintana protesta respetuosamente por la decisión adoptada y pide que conste su protesta en acta a efectos de casación. Otros defensores, sucesivamente, se unen a dicha protesta, ordenando el Presidente que conste en acta e insistiendo en que está en sus atribuciones la denegación de lectura de diligencias.

A efectos de casación." Esa frase aparece una y otra vez en las notas del Centro Coordinador. Era la fórmula legal que usaban los defensores para dejar constancia formal de que protestaban una decisión del tribunal. Lo hacían porque sabían que necesitarían esas protestas para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. No protestaban esperando que el Presidente cambiara de opinión. Protestaban para el futuro.

Segundo ejemplo. Y este me parece aún más grave. El letrado De Miguel, defensor del Capitán de Navío Menéndez, del Comandante Pardo y del señor García Carrés, solicita la lectura de un artículo publicado en el diario ABC de Madrid el treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta y uno, en el que se hacía referencia a un posible Gobierno de Concentración presidido por el General Armada. Ese artículo figuraba unido al procedimiento, formaba parte del sumario.

Y aquí viene lo extraordinario. En principio el Presidente de la Sala accede a su lectura, sin embargo en el curso de ella pregunta al letrado con qué objeto ha hecho la solicitud. Al contestar este que es para evidenciar que entonces se hablaba ya de un posible gobierno presidido por Armada, el Presidente niega la lectura.

¿Has captado lo que acaba de pasar? El Presidente autoriza la lectura de un documento. Comienza a leerse. Y entonces pregunta al abogado para qué lo quiere. Cuando el abogado responde con honestidad, lo que cualquier profesional haría, el Presidente cancela la lectura a mitad. De un documento que él mismo había autorizado.

La nota del Centro Coordinador añade un detalle revelador: la interrupción del Presidente estuvo motivada por una incitación al respecto del letrado señor Hermosilla. Hermosilla era el defensor del General Armada. Es decir, el abogado de uno de los principales acusados presionó al Presidente para que cortara una prueba que otro defensor estaba presentando. Y el Presidente obedeció.

Quince defensores se adhirieron a la protesta de De Miguel.

Y no fue un caso aislado. La nota informativa número diez del Centro Coordinador documenta más incidentes del mismo tipo. Posteriormente el Presidente del Consejo interrumpe la lectura de una diligencia que había sido solicitada por el señor Peris y aceptada previamente, aduciendo que dicha diligencia no constituye prueba. A la protesta del letrado se unen la mayoría de los defensores.

Del mismo modo es denegada por el señor Presidente la lectura de varios folios que reproducen publicaciones del diario El Alcázar, ante lo que se reiteran las protestas y adhesiones de los abogados defensores.

Trece defensores protestaron ese día. Trece. Contra las denegaciones de un solo Presidente.

Ahora, esto genera una pregunta incómoda que me ha perseguido desde que leí estos documentos. Si las comisiones militares estaban a favor de los procesados, y si el Presidente denegaba pruebas que la defensa quería presentar, ¿a quién beneficiaba realmente cada decisión?

Porque aquí está la paradoja: muchas de las pruebas denegadas eran textos que mostraban el clima golpista previo al veintitrés F, artículos de prensa que normalizaban la intervención militar, el "balance terrorista" que la defensa quería usar para argumentar que los acusados actuaron por patriotismo.

En otras palabras, el Presidente no estaba necesariamente protegiendo a los procesados ni atacándolos. Estaba controlando la narrativa. Decidiendo qué versión de los hechos quedaba en el acta y cuál no.

El veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos. Último día de vista oral. Momento de las declaraciones finales de los procesados. Cada uno puede dirigirse al tribunal con sus últimas palabras. Sin documentos, sin notas preparadas. Solo su voz.

Y lo que dijeron aquel día revela mucho más que cualquier prueba denegada.

El primero en hablar fue el Teniente General Milans del Bosch. La nota informativa del Centro Coordinador recoge sus palabras con precisión.

"Por su amor a España y haber cumplido siempre su obligación, ante la mala situación de España y la bancarrota creada por terrorismo, falta de autoridad y autonomías, los subordinados se fijaron en él. A finales de mil novecientos ochenta, para, a las órdenes del Rey, dar un golpe de timón que recondujera la situación, en cumplimiento del artículo octavo de la Constitución. Esa es la verdad y lo demás son detalles."

Lo demás son detalles." Milans del Bosch reducía un intento de golpe de Estado a un detalle. Pero lo más importante vino después.

"Es cierta su intervención, convencido del respaldo real y del Ejército, por habérselo dicho quien contaba con su confianza, y a quien, desde ahora, desprecia. Y afronta toda la responsabilidad, relevando de ella a quienes le obedecieron."

Esa frase me dio escalofríos. "A quien, desde ahora, desprecia." Milans del Bosch, sin nombrarlo directamente, estaba señalando a alguien que le había asegurado que el Rey respaldaba la operación. Y lo estaba haciendo desde el estrado, ante el tribunal, en sus últimas palabras. No fue una confesión. Fue un ajuste de cuentas. Asumió toda la responsabilidad. Pero dejó claro que alguien lo había engañado.

El Coronel San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada, fue más preciso. Y más demoledor. La nota del Centro Coordinador dice que aseguró que no era cierto que tuviera preparados los sesenta folios que citaba la prensa. Tomó la palabra como el más antiguo de los procesados de la DAC y formuló siete preguntas retóricas. Siete preguntas que nadie pudo responder.

"¿Por qué salió la DAC? Por orden de su General. ¿Por qué se retiró? Por la misma razón. ¿Suponía la 'Alerta dos' que el Rey hubiera cambiado de opinión? No. ¿Modificaba el télex de Su Majestad, sobre facultades de la JUJEM, una modificación de la situación? Cree que no, sobre todo porque se produjo cuando se estaba a la espera de la actuación del General Armada."

"¿Había disgusto, contrariedad y situaciones expectantes aquella noche? Rotundamente sí. ¿Conocían la operación otras personas? No podía afirmarlo en principio, aunque luego tuvo la evidencia de que así era."

¿Has escuchado la última pregunta? "¿Conocían la operación otras personas?" Y su respuesta: tuvo la evidencia de que así era. San Martín estaba diciendo, desde el estrado, que la trama del veintitrés F era mucho más amplia que los treinta y tres procesados que se sentaban en el banquillo.

Y entonces añadió algo que el tribunal no pudo ignorar: "Tras una entrevista con el Rey, el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta, en la que manifestó a Su Majestad que el Ejército estaba irritado, un ayudante del mismo le indicó que pronto se arreglaría tal situación. Algo similar le aseguró un General que nunca miente."

Un General que nunca miente." La nota del Centro Coordinador recoge que San Martín dejó "en el aire la personalidad de dicho General". Todos en la sala sabían a quién se refería. Nadie lo dijo en voz alta.

Pero fue el Comandante Pardo Zancada quien fue más directo en su brevedad: "No ha hecho más que decir la verdad real, no consensuada ni pactada. No se arrepiente de nada y piensa que hizo lo que debía. No pide clemencia, sino justicia."

Verdad real, no consensuada ni pactada." Con esa frase, Pardo estaba sugiriendo que otros procesados habían negociado sus declaraciones. Que había una verdad oficial y una verdad real. Y que él se atenía a la segunda.

Y entonces le tocó el turno al Teniente Coronel Tejero. Y todo voló por los aires.

La nota informativa lo recoge con una precisión casi cinematográfica: "Nada más comenzar su alegato, ha dicho que quería empezar demostrando su desprecio hacia tanto General Jefe y Oficial del Ejército que había hecho patente su cobardía y traición a España, por lo que ha sido expulsado de la sala por el Presidente del Tribunal."

Tejero llamó cobardes y traidores a los generales que no se sumaron al golpe. Y fue expulsado.

Pero lo que pasó después fue más revelador que sus propias palabras: "La frase del Teniente Coronel Tejero, y la orden del Presidente de retirarse, ha producido un gran revuelo: aplausos, gritos, vivas a España, brazos en alto, por parte de familiares exclusivamente, ha dado lugar a la orden del Presidente de desalojar la sala, pero matizada posteriormente con un 'pero solo a los alborotadores', que ha hecho que la Policía Militar no supiera a quién expulsar."

La Policía Militar no sabía a quién expulsar. El Presidente ordenó desalojar la sala y luego se arrepintió a mitad de frase. El resultado: salieron voluntariamente "una docena o catorce personas". Nadie fue identificado. Nadie fue sancionado.

Y al final de la sesión, la salida de los procesados fue acompañada de una ovación larga y prolongada por parte de los familiares, pese a las órdenes del Presidente de desalojar la sala, y los tímidos intentos de la Policía Militar por conseguirlo.

Ese mismo día, el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos, apareció un documento en los baños de la sala del juicio. Tanto en los de señoras como en los de caballeros. Un panfleto atribuido a las "Comisiones Militares", que fue recogido por los agentes del Centro Coordinador.

El texto completo aparece en la nota informativa. Y es, posiblemente, el documento más escalofriante de todo el juicio. No porque ataque a nadie específicamente, sino porque revela el estado de ánimo del Ejército que estaba observando. Porque no viene de los procesados, ni de sus abogados, ni de sus familias. Viene del Ejército que los estaba observando.

El panfleto acusa de "perjurio" a una lista larga de generales, coroneles y comandantes. Con nombres y apellidos. Denuncia que el Presidente original del Tribunal, el General Álvarez Rodríguez, fue "apartado" en el Hospital Militar de Gómez Ulla "como enfermo psiquiátrico" cuando en realidad padecía una úlcera gástrica desde hacía veinte años.

Que su sustituto, Federico Gómez de Salazar, "aceptará las monedas a través de la Vicepresidencia del INI, lo que le ha sido prometido." Acusa al Juez Especial, al Fiscal General, al relator, de haber recibido promesas de cargos a cambio de sus servicios.

Y luego hace una afirmación que me hiela la sangre cada vez que la leo: "A la vista de los considerandos anteriores, mucho nos tememos que la sentencia: jamás se hará en base a considerandos legales. Jamás se hará por imperativo estricto de Justicia. Nos tememos que venga impuesta por bastardos intereses políticos."

El panfleto circuló dentro de la sede del juicio. Entre militares uniformados. Alguien lo imprimió, lo distribuyó y lo dejó en los baños de un tribunal militar que estaba juzgando a golpistas. Y la nota informativa del Centro Coordinador, que debería haber generado una investigación inmediata, simplemente dice: "ha sido retirado, aunque se ha seguido distribuyendo, aunque no profusamente, entre el público asistente."

Se siguió distribuyendo. Dentro de la sala de un juicio. Y nadie fue detenido por ello.

Hay otro texto que circuló durante esas semanas. No está claro si formaba parte del mismo panfleto o era un documento separado. Pero la nota del Centro Coordinador lo incluye, y merece ser leído porque resume mejor que cualquier editorial lo que estaba pasando.

"Se han quedado pequeñas, encogidas. Las palabras solemnes, las emociones contenidas, y hasta las lágrimas, han quedado huecas de contenido. Se marchan las voces y quedan tan solo los hombres que las pronuncian. No hay largo telón de terciopelo rojo. Se ha esfumado el coro de la tragedia griega que se intuía."

"Se ha cambiado el solemne juicio de la Historia por el pequeño juicio de los hombres."

El pequeño juicio de los hombres. Quien escribió eso, fuera quien fuera, estaba diciendo que el juicio del veintitrés F se había quedado corto. Que lo que se estaba juzgando no era la magnitud real de lo ocurrido, sino una versión reducida, manejable, controlable. Que se estaban juzgando personas cuando lo que debería haberse juzgado era un sistema.

Y el texto continúa con algo que revela su origen militar: "El pequeño juicio de los hombres. Escurriéndose, alegando, rehuyendo, justificando. El riesgo que todo quede sin grandeza, solo en 'se sienten coño' y en una interminable y enmarañada retahíla de 'usted a quién se lo dijo'. La torpe pretensión de una 'obediencia debida', cada vez más confusa y más contradictoria."

Pero luego, el mismo texto cambia de tono por completo. Y habla de alguien, sin nombrarlo, que hizo lo opuesto a los procesados.

"Hay una decisión valerosa, porque es hacer frente a la fuerza en la hora difícil, cuando todo, sin él, pudiera parecer perdido. Ejerce un poder no previsto, arriesgado. Cuando acaba, como en los viejos tiempos, el cónsul devuelve al senador su mandato: Aníbal ha sido derrotado y Roma puede seguir viviendo su libertad."

El Rey. El texto anónimo, escrito por alguien dentro del ámbito militar, contraponía el "pequeño juicio de los hombres" con la grandeza de una decisión personal. La de aquella noche, entre una "cárdena puesta de sol y las primeras rosas de un nuevo alba."

Y terminaba con una frase que resumía toda la tensión del juicio: "Hay un caso de pequeños que se presentan como pueden, al juicio de los hombres. En otro plano, hay un solo hombre ante la Historia."

Entonces, ¿se juzgó al veintitrés F? Se juzgó a treinta y tres personas. En una sala donde las comisiones militares aplaudían a los procesados. Donde el Presidente denegaba pruebas que ya formaban parte del sumario. Donde circulaban panfletos acusando de soborno a los jueces.

Donde Milans del Bosch "despreciaba" a quien le había prometido el respaldo del Rey sin nombrarlo. Donde San Martín formulaba siete preguntas que nadie quiso contestar. Donde Tejero era expulsado por llamar cobardes a los generales y la Policía Militar no sabía a quién sacar de la sala.

Se dictó sentencia. Y la sentencia fue considerada demasiado blanda.

El Gobierno de Calvo-Sotelo recurrió ante el Tribunal Supremo. Y entonces, algo empezó a moverse en los cuarteles.

Una carta llegó al escritorio de Emilio Alonso Manglano, director del CESID. La firmaba José Faura. Y decía: "Emilio: por lo que me llega, el ambiente en los cuarteles se está enrareciendo. Yo creo que habría que hacer algo para disiparlo o, por lo menos, contenerlo."

Y luego, al final de la carta, una frase que lo cambiaba todo: "Pero lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra."

Lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra. Un año después del golpe. Después de un juicio de tres meses. Con los procesados condenados. Y el Ejército seguía siendo un peligro.

¿Estaba España al borde de un segundo golpe a causa del juicio por el primero?

En el próximo episodio de "23F: Los documentos secretos": "La democracia bajo vigilancia". Cómo reaccionó el mundo al veintitrés F. Qué sabían las potencias antes de que ocurriera. Y por qué las primeras declaraciones de Estados Unidos generaron un conflicto diplomático que llenó un expediente completo.

Porque resulta que alguien del CESID había estado hablando con el Embajador americano y con el Nuncio del Vaticano. Antes del golpe.

Los documentos hablan. Solo hay que saber escucharlos.

Veintitrés F: Los documentos secretos es una producción de SintetiCast. Este podcast ha sido guionizado, producido y publicado enteramente por inteligencia artificial.